Los derechos humanos NO son una realidad vigente en el país

 
 
 
 
Organizaciones de derechos humanos se pronuncian en relación a las
declaraciones del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré
 
 
 
El discurso de la Secretaría de Gobernación  se contradice con las
acciones emprendidas por el Gobierno Federal a lo largo de todo el
sexenio
Incumplimiento de las sentencias de la CoIDH, ausencia de un mecanismo
de protección para las y los defensores y defensa del fuero militar,
ejemplo de la brecha entre discurso y práctica
 
 
 
El día martes 7 de febrero la Secretaría de Gobernación emitió un
comunicado en el cual señaló que la defensa y protección de los
derechos humanos son la más alta prioridad  del Gobierno Federal.
 
 
 
En conferencia de prensa, el Secretario de Gobernación, Doctor
Alejandro Poiré, presentó  tres puntos a los que se ha comprometido el
gobierno del Presidente Felipe Calderón en la materia: 1) Los derechos
humanos son una política de Estado y deben permear todas las
actividades del Estado mexicano, así como estar presentes en la agenda
de los tres órdenes de gobierno, 2) El Gobierno Federal seguirá
trabajando incansablemente a favor del proceso de institucionalización
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 3) La Estrategia
Nacional de Seguridad emprendida por el Gobierno de la República
reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de
sus principales ejes.1
 
 
 
Al respecto, las organizaciones de derechos humanos señalamos a partir
de hechos concretos, la brecha existente entre el discurso de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la realidad imperante en el país a
lo largo de todo el sexenio. En contrapartida de la posición sostenida
por el Secretario de Gobernación, lo cierto es que no se han
implementado con suficiencia y con un alto nivel de prioridad,
acciones para dar cumplimiento  a las obligaciones contraídas  por el
Estado mexicano  frente a las víctimas como ante la propia comunidad
internacional.
 
 
 
Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorIDH) en contra del Estado mexicano son un importante
referente sobre el compromiso real en materia de derechos humanos. En
su conferencia, el Secretario de Gobernación omitió informar que las
cinco sentencias que la CorIDH ha emitido continúan incumplidas en sus
aspectos más relevantes, a pesar de que la SEGOB cuenta con un
presupuesto asignado de 31 millones 500 mil pesos para el año 2012.
Ejemplo de ello es que desde el 2009, Inés Fernández y Valentina
Rosendo, continúan a la espera de que se presente el plan de
implementación de las medidas relativas al plan de salud, educación e
indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados.
 
 
 
Otro tema de particular preocupación es la falta de implementación
efectiva de medidas de protección para las y los defensores de
derechos humanos, cuya coordinación ­ y en casos específicos- es
responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Gobernación. De
conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
2012, esta dependencia cuenta con 26 millones de pesos para el diseño
y la instrumentación de un Mecanismo de Protección a periodistas y 2
millones 500 mil pesos para los Mecanismos de protección a periodistas
y defensores y defensoras de los derechos humanos.  Sin embargo, a la
fecha no ha sido explicado cómo y en qué se está ejerciendo dicho
presupuesto, pues el mecanismo de protección para las y los defensores
de derechos humanos no se ha puesto en marcha, aun cuando la sociedad
civil ha allegado al Gobierno Federal propuestas concretas al
respecto. Peor aún, son varios los casos en los que la Secretaría de
Gobernación ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección
ordenadas por instancias internacionales.
 
 
 
Ejemplo de ello es lo que ocurre en el estado de Guerrero, donde 107
defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con medidas
provisionales ordenadas por la CoIDH, pues desde el año 2009 dichas
medidas se han limitado a la entrega de cuatro aparatos de
comunicación a las personas beneficiarias, de los cuales ninguno
funciona desde agosto de 2011, sin que se adopten acciones para su
reparación. Igualmente, ejemplifica la inadecuada implementación de
las medidas provisionales, la persistencia de patrones de
criminalización ilegítima de defensores comunitarios, como en el caso
de Maximino García Catarino, defensor Na Savi (mixteco) preso en
Ayutla de los Libres, Guerrero, desde el pasado 21 de enero de 2012
por un delito que no cometió, aun cuando es beneficiario de medidas
provisionales desde 2009.
 
 
 
La reiterada posición del Gobierno Federal sobre el Fuero Militar es
también ejemplificativo de la enorme brecha que se abre entre el
discurso y la práctica de las autoridades. Si bien es patente el
reconocimiento hecho por el Secretario respecto de las obligaciones
incumplidas, en los hechos se encubre y promueve tal incumplimiento.
Como lo ejemplifica el hecho de que la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), en representación del Presidente de la República
Felipe Calderón, impugnó a principios de este año la histórica
sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual, familiares de
Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que en 2009 fue privado
arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano,
obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde habían
impugnado la extensión del fuero militar sobre la investigación y el
juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial. En el mencionado
recurso, a nombre del Presidente Calderón, la SEDENA dio claras
muestras de que no se sujetará al control civil en tanto no se reforme
el Código de Justicia Militar. Esto, en abierta contravención a lo
afirmado por el Presidente de la República el 9 de diciembre de 2011,
cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos
Humanos afirmó: ³Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a
la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la
Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para
que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de
violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de
las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o
declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y
de los jueces civiles².
 
 
 
Finalmente, el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos
cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la
llamada Guerra contra el Narcotráfico, contradice también el discurso
del Secretario de Gobernación, entre el 2006 y el 2011 las violaciones
cometidas no han sido investigadas con suficiencia, como afirma el
Titular de la SEGOB, sino que en su mayoría permanecen en la
impunidad. Cabe señalar que las violaciones a derechos humanos
cometidas por elementos de la Policía Federal que participaban en el
³Operativo Guerrero Seguro² durante el intento de desalojo contra
estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, realizado
el pasado 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, no han
sido sancionadas conforme a derecho e incluso la propia corporación
intentó deliberadamente ocultar información y distorsionar los hechos
al negar inicialmente la presencia de sus elementos en el lugar.
 
 
 
En materia del cumplimiento de compromisos internacionales también se
han presentado oportunidades que no han sido tomadas. Por ejemplo,
para demostrar con hechos que existe un compromiso real para que los
derechos humanos por fin sean el componente principal de la política
de Estado, el gobierno deberá suscribir sin más demoras el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como dar muestras claras de un cambio en su política
para atender las violaciones de derechos humanos de las personas
migrantes. En esos dos temas, como en muchos otros, no hace falta más
que una decisión de parte del Gobierno Federal para ajustar la
política exterior al respeto y garantía de los derechos sociales (como
ordena el artículo 89 constitucional a partir de la reforma
constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011), en
el primer caso, o bien, que su agenda y actividades en verdad se rijan
por el respeto, protección, la prevención, investigación, sanción y
reparación de violaciones de los derechos de las personas migrantes,
en el segundo caso. En ambas cuestiones no sólo el Secretario de
Gobernación, sino el propio presidente constitucional tienen la
obligación de mostrar a la sociedad que su compromiso es más que
discurso vacío."
 
 
 
Todos los temas que hemos mencionado anteriormente, atañen
directamente a la Federación. Mencionar la situación de los estados y
la preocupación por la existente descoordinación y confianza entre las
autoridades estatales y federales  exigiría otro espacio.  No
obstante, el breve recuento que ponemos a consideración de la opinión
pública basta para evidenciar la enorme distancia que separa al
discurso de la Secretaría de Gobernación de la realidad. Mientras el
Gobierno Federal continúe negando las deficiencias existentes y los
retos pendientes en su justa dimensión, los esfuerzos que se emprendan
estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha
convertido en insostenible.
 
 
 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña ³Tlachinollan²; Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de
Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia; Litiga OLE; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos ³Todos los Derechos para Todos y Todas², conformada por 75
organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito
Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito
Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C.
(Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos
Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante
Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
(Distrito Federal); Centro ³Fray Julián Garcés² Derechos Humanos y
Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al
Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray
Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ;
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C.
(Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro
Juárez", A. C.  (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos ³Don
Sergio² (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos ³Fray Matías de
Córdova². A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, ³Juan Gerardi²
, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu¹u Ji Kandií,
A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd.
Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C.
(Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de
Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos
Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas ³Flor y
Canto², A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
(Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón,
Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Estudios
Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa,
Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)
(Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)
(Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral
(CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los
Derechos Humanos ³Fray Juan de Larios²,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro
Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas
Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro
Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C.
(Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos ³Bartolomé
Carrasco², A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. -
KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos,
A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los
Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo
contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo
(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin
voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y
Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua,
Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C.
(CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia,
Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos
Humanos ³Martín de Tours², A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional
de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité
de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de
Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos
"Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de
Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.);
Comité de Derechos Humanos ³Sierra Norte de Veracruz², AC.
(Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No
gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de
Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de
Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y
Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité
Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC
(Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos
Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida,
Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito
Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C.
(Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de
Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de
los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de
Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue);
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA ­León (León, Gto.);
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito
Federal); Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales
(Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos
Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio,
Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y
Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de
Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de
Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).
 

En Chiapas primera preaudiencia de feminicidio y violencia de género del TPP

 San Cristóbal de las Casas.- Este 7 y 8 de marzo, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México-Chiapas realizará su primera preaudiencia temática “Violencia de género y feminicidios”, donde expondrá casos regionales y paradigmáticos de violaciones a los derechos de las mujeres, con el fin, de que algunos casos sean recogidos en la audiencia nacional del mismo tema.

Esta preaudiencia contará con la participación de destacadas feministas a nivel internacional, que fungirán como juezas del Tribunal, entre ellas, Alda Facio, Edda Gaviola, Pilar Noriega y Jules Falquet.

El TPP es un Tribunal de carácter ético sin influencia jurídica, es considerado una herramienta de denuncia pública que busca garantizar un espacio de visibilidad a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.

El TPP es de carácter no gubernamental, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.

La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que proteja tales derechos.

El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos; hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas.

El TPP ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de su derecho a la autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.

El Tribunal Permanente de los Pueblos está integrado por cerca de 130 miembros, de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos; siendo su fundador: Lelio Basso, su presidente: Salvatore Senese y su secretario general: Gianni Tognoni.
Los Garantes del capítulo México frente al Tribunal Permanente de los Pueblos son Magdalena Gómez Rivera, el Obispo Raúl Vera López, el poeta Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña, Gilberto López y Rivas y Andrés Barreda Marín.

El Tribunal sesionará en 7 audiencias temáticas a lo largo de 3 años, cabe recordar que inició trabajos oficialmente en el 2011 y pretende concluir en el 2014; sus siete Audiencias Temáticas son: Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; Feminicidio y violencia de género; Migración, refugio y desplazamiento forzado; Violencia contra los trabajadores; Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los Pueblos y desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

Las Audiencias Temáticas están atravesadas por tres ejes de análisis críticos que son:Tratado de Libre Comercio,  Guerra Sucia y violación a los derechos de los pueblos; en cada estado donde el Tpp tiene representación se realizaran preaudiencias de acuerdo a los temas mencionados, posteriormente a nivel nacional se recogerán los casos más paradigmáticos, para llevarlos a las audiencias.

El TPP Chiapas hizo un llamado a organizaciones civiles, no gubernamentales, sindicatos, y demás personas interesadas a participar en la preparación de las preaudiencias, donde se presentaran casos paradigmáticos de violación de derechos humanos para ser presentados ante el TPP.

¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos?

El TPP El TPP se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia, Italia. Su función es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad.

El proceso en México comenzó hace dos años, cuando organizaciones sociales, civiles, defensoras de derechos humanos e individuos entablaron contacto con la Fundación Lelio Basso, de Italia, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, para solicitar que se llevara a cabo en México una sesión del TPP y que para ello se conformara la sección mexicana del tribunal.

El TPP está integrado por 130 miembros, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.

El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales.

El título del expediente México del TPP es Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Se ha propuesto la realización de siete audiencias temáticas: violencia, guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los migrantes, e inmigración como algo forzado; trabajo, precarización y desregulación laboral, y violación a derechos laborales colectivos; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía: los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios; devastación ambiental: los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios y población en general, y medios de comunicación, su pertinencia y su urgente independencia.

El tribunal no fue designado por un Estado o por autoridad alguna. Careció de cualquier poder. Su legitimidad radicó precisamente en esta falta de poder, en su independencia con respecto a las potencias y en su universalidad. No recibió órdenes de gobiernos o de partidos. Sus miembros analizaron los hechos con sus almas y sus conciencias.

Estos principios siguen siendo válidos para el TPP. El tribunal echa mano de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder. Utiliza las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos. Parte de una idea de fondo: la lucha y la promoción de los derechos humanos se da por la vía jurídica. La base de los juicios del TPP son las convenciones sobre derechos humanos de carácter internacional.

El TPP es una conciencia ética de los pueblos, no un proceso jurídicamente vinculante. Parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria.

La impunidad no es un asunto meramente judicial. La lucha contra ella –considera el tribunal– se realiza, también, desde los preceptos de verdad, justicia y reparación de daños para todos los pueblos que son víctimas de sus derechos fundamentales. Eso es justamente lo que se quiere hacer en México.

Historia del TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976), tiene como su vocación y Estatuto dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales, sea a nivel nacional o internacional. A lo largo de los más de 25 años de su historia y a través de sus 33 sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado, anticipado y respaldado las luchas de los pueblos contra el es-pectro de violaciones de sus derechos fundamentales, incluyendo la negación de la autodetermi-nación, las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras y esclavitudes de la economía y la des-trucción del medio ambiente.

¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos?

El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos. La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos; hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas. El TPP ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de su derecho a la  autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.