San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 08 de marzo de 2012
Boletín de prensa
Preaudiencia sobre Feminicidio y Violencia de Género
del
Tribunal Permanente de Los Pueblos,
Capítulo -
México.
Durante dos días
las juezas: Alda Facio, Edda Gaviola, Jules Falquet, Pilar Noriega, Sara Dalila
Mux Mux, Mariana Mora, y las asesoras Silvia Marcos, Teresa Pérez y Morna
Macleod, escucharon los valientes y dolorosos testimonios en torno a feminicidios
y contrainsurgencia, violación al debido proceso, violencia feminicida, sexual
y doméstica, y violencia estructural, que se han presentado en esta preaudiencia
del TPP.
Los testimonios
han evidenciado que la violencia masculina en contra de las mujeres, incluyendo
los feminicidios como una de sus expresiones extremas, es un problema estructural,
profundizado por las políticas neoliberales, en especial a partir de la firma
del TLC en 1994, y por las políticas de ajuste estructural de los
años 80 propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y el « consenso de
Washington ». Esa
violencia afecta la vida de las mujeres en todos sus aspectos y, en el caso de
las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas, se expresa y es parte del
contexto de marginación social y pobreza extrema en que viven.
Todos los casos
presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y
estigmatizaciones de género, racistas y clasistas y dejan claro que la
violencia contra las mujeres, opera de manera articulada y forma parte del
sistema discriminatorio patriarcal, racista y capitalista-neoliberal, por lo
que debe visibilizarse la interdependencia, tanto del conjunto de los derechos
humanos de las mujeres, como de sus violaciones.
El contexto
actual está marcado por una mezcla entre « guerra de baja
intensidad » y lucha contra la delincuencia organizada. Nuevas formas de
violencia contra las mujeres se despliegan, incluyendo creación de nuevos
delitos, violencias policiacas-carcelarias, desplazamiento y migración forzada,
en un contexto de grave impunidad.
Respecto de lo
analizado en cada eje, las juezas concluyeron:
Sobre feminicidio y
contrainsurgencia en Chiapas: Las políticas contrainsurgentes generan violencia
militar y paramilitar, como práctica habitual y sistemática. Existe una
estrategia deliberada y planificada que usa la violencia contra las mujeres,
incluyendo a la violencia sexual y a la tortura sistemática, como un
instrumento central para aterrorizar a la población, destruir el tejido social
y limitar la movilidad, la vida y el aceso a los elementos materiales, sociales
y espirituales necesarios para la vida de las mujeres, individual y
colectivamente.
Sobre las violaciones al debido proceso: Se observó que las mujeres chiapanecas viven una situación de inacceso a
la justicia, propiciado por el
incumplimiento del Estado Mexicano de garantizar seguridad y justicia para las
mujeres indígenas y mestizas (que implica la debida averiguación, detención y
juicio) ; agravada por la situación de exclusión, pobreza y racismo. La falta
de procuración de justicia, la discriminación a las mujeres indígenas, la
utilización facciosa de la ley y el encarcelamiento injusto, son lastres que se
acarrean de siglos atrás y que se ven incrementados en un contexto de supuesta
lucha contra el crimen organizado, donde apremia elevar el número de
detenciones y sentencias.
La violencia sexual y doméstica: Ocurre
como consecuencia de condiciones estructurales y situaciones específicas
derivadas de la desigualdad de género. En la mayoría de los casos vemos que
esta violencia es reiterada y alimentada por la impunidad, desde los aparatos
de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia
contra las mujeres o las justifican con argumentos que desacreditan la “buena
moral y conducta de las mujeres violentadas”.
Sobre la violencia estructural: El TLCAN
, las políticas públicas y las consecuentes políticas del Estado, no garantizan
a las mujeres una vida digna, al contrario las colocan en condiciones de aguda
y creciente pobreza (especialmente a las mujeres indígenas), viviendo con
miedo, temor, sin voz, teniendo que trabajar más, sin la posibilidad de
desarrollar sus potencialidades y hasta despojándolas a ellas y a sus
familiares de sus territorios tradicionales.
En base a
los testimonios de los 8 casos presentados y el análisis de la
masacre de Acteal como ejemplo de feminicidio múltiple contrainsurgente, las juezas afirman que:
El Estado
mexicano, como parte de la comunidad internacional, es omiso en sus
obligaciones de garantizar el respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos originarios
Y recomiendan
que:
Los tres niveles
de gobierno tomen medidas eficaces, tanto jurídicas como progresivas para
garantizar a las mujeres una vida digna.
